Pronara Jà - il Brasile contro gli agrotossici

Pronara Já

Il Brasile è il secondo consumatore mondiale di agro tossici. Gli effetti tragici e dannosi sulla salute umana e sulla capacità produttiva della terra hanno iniziato a manifestarsi dopo poco. Al decimo anno di consumo intensivo di sostanze in gran parte tenute sconosciute per motivi di ‘segreto industriale’, il Paese si riconosce prigioniero della volontà delle grosse imprese transnazionali e chiede un maggior controllo e tutela da parte dello Stato.

Il Programma Nazionale per la Riduzione dell’Uso degli Agrotossici costituisce un modo per rispondere positivamente alle istanze e alle rivendicazioni della società civile e dei ricercatori che nell’avventura avveniristica dell’ingegneria genetica rintracciano chiari segni di oltraggio alla sovranità dello Stato e di incostituzionalità.

 

ESPERAMOS UNA TIERRA NUEVA DONDE HABITARÁ LA JUSTICIA

COMUNICADO DE URGENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL
Ante el desalojo que sufre, el Pueblo Ixil, promovido por la Empresa Hidro Xacbal Delta en la Aldea Sotzil, y área urbana, del municipio de Chajul. 

Il presidente guatemalteco Otto Perez Molina

Para el Consejo de Pueblos K’iche’s, miembro del Consejo del Pueblo Maya CPO, esta es una sangrienta acción del gobierno dirigido por el actual presidente, General: OTTO PEREZ MOLINA, las comunidades han tomado la decisión en el pleno ejercicio de sus Derechos, de manifestar pacíficamente, defender la propiedad ancestral y defender el territorio que les pertenece frente a las empresas que actúan como nuevos colonizadores en pleno siglo XXI. Como es del conocimiento que este gobierno militar se jacta que ha aumentado el número de policías manteniéndolos con nuestros impuestos que todos pagamos y solo ha servido para llevar acabo la represión en contra de nuestras comunidades que defienden nuestra madre tierra. Este martes 28 de abril del 2015, el gobierno ordenó el desalojo con tropas del ejército y de la policía nacional civil, en las comunidades y área urbana de Chajul, como resultado de estos hechos sangrientos, hay mujeres, hombres heridos y niños afectados por las reacciones de gases lacrimógenos.
Para los pueblos esta es una clara expresión que se siguen cometiendo actos ilegales en nuestro territorio, sin que el sistema de justicia accione contra los funcionarios violadores de derechos humanos.
Las prácticas de la Empresa Hidro Xacbal Delta, durante el tiempo que ha permanecido en el territorio han sido de constante represión, utilizando los aparatos del Estado.
Las órdenes de desalojo convierten a nuestros territorios en estados guerra, pues el gobierno envía a elementos armados, gases lacrimógenos, etc, utilizando la violencia extrema como método de terror para beneficiar a los megaproyectos.
Exigimos: Al gobierno cumplir con los convenios internacionales, y respetar las propiedades ancestrales y la propiedad privada de las comunidades.
Que el Sistema de Justicia, no se ponga a las órdenes de las empresas transnacionales, como que fueran sus patrones, pues esto ya se convirtió en una práctica en este país.
El retiro inmediato de las tropas de la policía nacional civil, de la Aldea Sotzil, del municipio de Chajul, Departamento del Quiché, porque las comunidades no son criminales y esta represión que está viviendo el Pueblo Ixil se suma a la cantidad de violencia llevada a cabo por el gobierno en diferentes regiones del país, incluyendo a presos políticos, personas con órdenes de captura y asesinatos, es de recordar que aún no se ha resarcido a los pueblos que vivieron, la represión y el genocidio cometido por el ejército ahora estamos en la antesala de un nuevo genocidio.
Todos sabemos ¡Otto Pérez Molina estrena su gobierno masacrando a hermanos de los 48 cantones del pueblo K’iche’, y por lo visto se quiere despedir con broche de oro, reprimiendo al pueblo Ixil!
K’iche’, 30 de Abril del 20015

Comisión Política ADRI

secretaria 

Pronunciamiento de CDH

ANTE LA CIRCULACIÓN DE PROVOCACIONES POR LA CRISIS PRESENTE

LA CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS

DENUNCIA

1) El gobierno de Guatemala enfrenta uno de los momentos políticos más difíciles desde el Serranazo, producido  en 1993, cuando el aprendiz de dictador disolvió el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y pretendió concentrar todo el poder en sus manos. La movilización ciudadana mostró el rechazo generalizado a las acciones dictatoriales.

2) En esta oportunidad, cuando el desmantelamiento de una banda criminal señala vínculos con la vicepresidencia de la república y, muy probablemente, con la misma presidencia, el descontento ciudadano ha planteado la necesidad de la depuración del sistema político. De tal suerte que hay convocatoria para movilizaciones frente a Casa Presidencial y para una concentración masiva el Sábado 25 de los corrientes.

3) En el marco de estas legítimas acciones ciudadanas, ha circulado un texto apócrifo que habla de organizaciones y acciones que en ningún momento han sido planteada por organización, persona o grupo alguno, que se ha pronunciado por sanear el manejo corrupto de la administración pública.

3) Dicho documento, llama a la organización en grupos y se refiere a la designación de comandantes y líderes de grupo a los cuales recomienda llevar diversas cuestiones en bolsas y mochilas, así como realizar llamadas distractoras a la Policía Nacional Civil (PNC).

En virtud de lo anterior, la Convergencia por los Derechos Humanos:

1) Denuncia la intención perversa de generar provocaciones, por parte de grupos ajenos al movimiento social y a la ciudadanía honesta que en ejercicio legítimo de sus derechos, reclama limpieza política en la administración pública.

2) Alerta a todas las personas, organizaciones, grupos y sectores que buscamos un mejor país, a no dejarse sorprender ni atemorizar por estas acciones provocadoras y evidenciar su intención de proteger la corrupción y el robo de los recursos públicos.

3) Requiere de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) el acompañamiento y observación de todas las movilizaciones, a fin de garantizar la seguridad de las y los participantes, así como destacar las maniobras provocadoras.

4)Ratifica su respaldo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICG) y  a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

5) Reitera su repudio a las acciones criminales de desmtantelamiento del  Estado.

6) Hace el llamado a mantener la denuncia ciudadana, la protesta y la movilización, en defensa de las libertades y derechos protegidos por la Constitución Política de la Repúbica.

Guatemala, 24 de abril de 2015

--

Jorge Santos

DECLARAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL NO FÓRUM PERMANENTE DOS POVOS INDÍGENAS VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS DOS POVOS INDÍGENAS NO BRASIL

https://youtu.be/KfUlisxY3SQ

Particolare di un murales a Porto Alegre

Senhora Presidente

Há quase um ano, em 19 de maio de 2014, denunciávamos na tribuna deste Fórum o

agravamento da situação de violação dos direitos humanos e territoriais dos povos

indígenas no Brasil

Em nome dos mais de 1 milhão de indígenas distribuídos em 305 povos diferentes,

estamos de volta para declarar diante os representantes dos Estados e dos povos

indígenas do mundo que o Estado brasileiro, ao invés de garantir a efetivação desses

direitos assegurados pela Constituição Federal e pelos tratados internacionais ratificados

pelo país, tem Cada vez mais dado sinais em contrario: inúmeras iniciativas estão em

curso nos distintos

âmbitos do Estado voltadas a suprimir os nossos direitos.

O ataque sistemático decorre da opção por um modelo neodesenvolvimentista que se

propõe disponibilizar as terras e territórios dos povos indígenas, dos pequenos

agricultores, das comunidades tradicionais e as destinadas para áreas protegidas à

exploração descontrolada dos bens naturais, à expansão do agronegócio - do monocultivo

- e da exploração mineral, e à implantação de grandes empreendimentos e obras de

infraestrutura tais como: hidrelétricas, estradas, portos, hidrovias, linhas de transmissão e

usinas nucleares

O poder executivo continua com a decisão política de paralisar os procedimentos de

demarcação das terras indígenas, mesmo que estas estejam sem qualquer impedimento

judicial e/ou administrativo para serem declaradas pelo Ministério da justiça ou

homologadas pela Presidência da República. Soma-se a esta decisão a prática de

atender os interesses dos invasores das terras indígenas por meio de instrumentos

jurídicos, legislativos, políticos e administrativos destinados a flexibilizar a legislação

indigenista, ambiental e de proteção do patrimônio genético e dos conhecimentos

tradicionais associados. Alguns exemplos dessa desregulamentação de direitos são a

Portaria 303, Portaria 060 e o Decreto 7957.

Particolare di un murales a Porto Alegre

No poder Legislativo, grupos representativos de interesses particulares, insistem na

tramitação de propostas que afetam direitos fundamentais da população brasileira,

sobretudo os direitos territoriais - dos povos indígenas, comunidades tradicionais e outras

populações do campo, além dos direitos ambientais e das gerações futuras.

Preocupa gravemente o desarquivamento de proposições legislativas destinadas a limitar,

reduzir e/ou extinguir direitos indígenas – tal como a Proposta de Emenda Constitucional

(PEC) nº 215-A/2000, arquivada no final da legislatura passada, graças à mobilização dos

povos indígenas e seus aliados. A PEC transfere ao Legislativo a responsabilidade de demarcar as terras indígenas, titular as terras dos quilombolas e criar unidades de

conservação, usurpando uma prerrogativa constitucional do poder executivo.

Na mesma direção a bancada ruralista propõe a (PEC) 038, que transfere para o Senado

Federal a responsabilidade de demarcar as terras indígenas, a PEC 237/13 que visa

legalizar o arrendamento das terras indígenas, o PL 1610/96 da Mineração em Terras

Indígenas, o PL 7735/14 do acesso ao patrimônio genético e o Projeto de Lei

Complementar (PLP) 227/12 que de maneira perversa converte interesses privados do

agronegócio e de outros poderosos segmentos econômicos do país em relevante

interesse público da União, pretendendo dessa forma legalizar a invasão e usurpação dos

territórios dos povos originários.

Além desta ofensiva voltada a suprimir os direitos indígenas os ruralistas também querem

legalizar o trabalho análogo a escravo, restringir os direitos dos trabalhadores, fortalecer a

criação de infraestrutura país a fora para facilitar a exportação de comodittes agrícolas,

entre outras prioridades.

No Judiciário, a preocupação é com relação ao risco de serem confirmadas no Plenário

do Supremo Tribunal Federal (STF) decisões parciais tomadas pela 2ª. Turma que

anularam portarias declaratórias de terras tradicionalmente ocupadas pelos povos

Guarani Kaiowá e Terena, no Mato Grosso do Sul, e Canela-Apãnjekra, no Maranhão.

Segundo as decisões, esses povos não teriam direito à terra porque não estavam sobre

ela em 5 de outubro de 1988. Se for confirmada, essa interpretação irá restringir os

direitos territoriais de muitos outros povos, aumentando decisões contra procedimentos de

demarcação de terras e o clima de conflitos e violências contra os povos indígenas. E como se não bastasse, lideranças e comunidades indígenas que resistem e lutam pela

defesa ou a retomada de seus territórios, são vítimas de ameaçadas, perseguições,

prisões arbitrárias e assassinatos, por parte inclusive de agentes públicos e dos invasores

de suas terras. É dessa forma que o Estado brasileiro está tratando os povos indígenas: o governo

federal descumpre a Constituição, os legisladores suprimem e o judiciário restringe cada

vez mais os direitos, principalmente territoriais. Em fim, há no Brasil uma virulenta

campanha de criminalização, deslegitimação, discriminação e racismo contra os povos

indígenas, caracterizados como invasores, subverteres da ordem e principalmente como

obstáculos ao desenvolvimento nacional. A contribuição dos povos e territórios indígenas na defesa do território e da soberania

nacional, na preservação do meio ambiente, dos bens naturais, das florestas, dos

recursos hídricos, da biodiversidade, do equilíbrio climático e do bem-viver da

humanidade é escandalosamente ignorada. Face a esse quadro de agressões e regressão nos direitos indígenas, principalmente

territoriais, Senhora Presidente, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) volta

a reafirmar e recomendar ao Fórum Permanente sobre Direitos Indígenas, o quanto

segue:

1.

Que o Fórum Permanente envie urgentemente observadores ao Brasil para que acompanhem a realidade dos conflitos territoriais, e a ofensiva estabelecida contra

os direitos indígenas nos distintos poderes do Estado

2. 

Que o Fórum urja ao Brasil a retomada do processo constitucional de demarcação

das terras indígenas, cuja paralisação tem ampliado gravemente os conflitos

territoriais, vitimando os nossos povos, comunidades e lideranças. 

3.

Que o Fórum realize um Seminário Internacional em conjunto com o UNODC e

UNHRC, sobre a Criminalização dos Povos indígenas e suas organizações,

quando estes defendem seus direitos humanos e territoriais, assegurando a

recomendação e implementação de ações efetivas nas distintas áreas de interesse

dos povos indígenas, principalmente quanto a efetiva devolução e proteção dos

nossos territórios tradicionais.

Por fim, senhora presidente, queremos reafirmar a determinação dos nossos povos

indígenas de continuarem unidos na luta pela defesa de seus direitos fundamentais, e

acreditamos que os parentes indígenas de outras regiões do mundo e muitas outras

organizações e movimentos sociais estão conosco nesta luta pela vida.

Eis o caminho para a construção de uma sociedade realmente democrática, multiétnica,

pluricultural e justa.

Brasília – DF, 21 de abril de 2015.

MOBILIZAÇÃO NACIONAL INDÍGENA

ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL - APIB 

COMISIÓN PASTORAL DE LA TIERRA NACIONAL CONFERENCIA EPISCOPAL DE GUATEMALA

Comunicado de la Pastoral de la Tierra Nor Oriente

Atendiendo el llamado del Papa Francisco que nos invita a que: Respetemos y protejamos a la Madre Tierra, Dios se la confió a hombres y mujeres, no para que fuera dañada, sino para que fuera un lugar de abundancia de vida.
Reunidos en Asamblea Ordinaria de la Pastoral de la Tierra Nor Oriente de Guatemala, conformada por: Pastorales Sociales, Vicariatos, Diócesis y Parroquias de Izabal, Zacapa, Petén, Ixcán y Verapaz, que a la vez integramos la estructura de la Pastoral de la Tierra Nacional de la Comisión de Justicia y Solidaridad de la Conferencia Episcopal de Guatemala – CEG-, con motivo del Día Internacional de la Tierra, a la opinión pública hacemos saber:
Que en el marco de la promoción del desarrollo rural, justicia social, fomento de los derechos individuales y colectivos, específicos de pueblos indígenas y defensa de la madre tierra para transitar hacia el buen vivir de los pueblos, nos indigna el constante agravamiento de la problemática agraria y socioambiental en la Región Nor Oriente; ya que nos encontramos frente a un modelo de acumulación capitalista excluyente en su máxima expresión, replicada a nivel nacional.
Las políticas extractivas que los gobiernos de turno han promovido, son a todas luces acciones de despojo del derecho milenario de los pueblos a la tierra, riqueza natural, autogobierno y libre determinación. Estas políticas extractivas han incrementado paulatinamente la conflictividad agraria, socioambiental, así también la agudización del rompimiento de la dinámica comunitaria y tejido social, y vulnera el derecho fundamental de las familias campesinas de la Región Nor Oriente del País; entre ellos, el derecho a la alimentación.
Es lamentable que: la defensa de la madre tierra, defensa de la vida, la toma de conciencia y decisiones políticas por parte de la población más vulnerada y excluida, sean vistos como acciones terroristas para la implementación de acciones de control, persecución, represión y criminalización. Ha sido evidente en la Región Nor oriente y a nivel nacional el uso excesivo de las fuerzas públicas, que ha hecho efectiva la confrontación.
Estamos indignados ante tan lamentable panorama y tomando en cuenta que la pérdida del más mínimo respeto a la vida humana y su dignidad inalienable, la no atención a las demandas de la población coartada en su derecho genera más tensión y conflictividad, exhortamos:
1. A cristianas y cristianos en las Diócesis, Vicariatos y Parroquias, inspirados a la luz del evangelio y fundamentándose en la Doctrina Social de la Iglesia, fortalecer la labor evangelizadora, de caridad y a la vez profética de la Iglesia Católica para promover la denuncia de injusticias y para impulsar acciones articuladas a nivel de la Región Nor Oriente para la incidencia de políticas agrarias y desarrollo rural integral, donde prevalezca el ser humano y su dignidad como parte de la creación de Dios, hecho a su imagen y semejanza.
2. A las organizaciones sociales y campesinas, tejer la convivencia y solidaridad entre los pueblos despertando así la conciencia de una participación activa, propositiva y sin protagonismos para la protección de la Madre Tierra como un don de Dios y casa de todas y todos.
C P T N
3. A las mujeres y hombres, pequeños campesinos agricultores, les llamamos a fortalecer su identidad con la Madre Tierra asumiendo la responsabilidad de su cuidado y cultivo para la producción de alimentos básicos y la custodia de las fuentes de agua, preservar la riqueza natural y conservación de la tierra como, un legado de las presentes y futuras generaciones.
4. A las municipalidades de la Región Nor Oriente, fomentar el pleno ejercicio del Artículo 65 del Código Municipal, Decreto 12-2002 del Congreso de la República, en el que se indican lineamientos para Consulta a Comunidades o Autoridades Indígenas de los municipios. Con ello, fortalecer el autogobierno y la libre determinación de los pueblos.
5. A las dependencias del Gobierno, ejercer sus acciones en el marco de la legislación nacional y normativa internacional e institucional en materia de Derechos Humanos y protección de la riqueza natural, eliminar toda acción que dañe la dignidad de las personas y a la Madre Tierra.
6. Al Congreso de la República: 1) legislar para el beneficio común, caso específico, agilizar la aprobación de la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Integral (número de registro 4,084). En ello, se debe considerar que el interés social prevalece sobre el particular (Artículo 44. de la Constitución Política de la República), 2) que se garantice el acceso a la tierra en sus distintas formas, eliminando el despojo, evitando la usurpación y pérdida de territorios indígenas, que causa daños a la Madre Tierra, biodiversidad y a los ecosistemas.
7. Al Gobierno Central promover políticas públicas que beneficien a la población históricamente excluida, basadas en el Artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala que defiende la Vida Humana y Su Dignidad.
8. A la Procuraduría de los Derechos Humanos, fortalecer el resguardo de los Derechos específicamente de las mujeres, jóvenes, niños, niñas y adultos mayores que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia.
9. A todas las personas en general para que hagan prevalecer activamente la defensa y ejercicio de sus derechos individuales y colectivos desde una participación ciudadana responsable.
Hacemos un llamado de amor cristiano y solidaridad con opción preferencial por los pobres, para unirse a los sectores más excluidos e incluir a los marginalizados.
Mantengamos viva la esperanza de una Guatemala con Justicia y Solidaridad.
Dios de amor ayúdanos a cuidar de nuestra Madre Tierra, que nos regalaste para que sea de verdad la casa de Todos y Todas; con ello, fomentar una conciencia ecológica, cuidando de nuestro medio ambiente, viviendo una vida sobria y denunciando todo tipo de explotación irresponsable. (Santas Misiones en la Verapaz)
Dado en la ciudad de Cobán Alta Verapaz a 22 días de abril del 2,015.
Pastoral de la Tierra Región Nor Oriente

organizaciones religiosas rechazan intento de cooptación de empresas mineras

Obispos en audiencia sobre industrias extractivas durante el 154 periodo de sesiones de la CIDH. Foto: CIDH

- Repudian invitación para efectuar alianza para mejorar imagen de industria minera.

Servindi, 6 de abril, 2015.- Una red latinoamericana de comunidades cristianas y religiosos que se articula desde hace dos años para enfrentar los impactos de la minería rechazó públicamente la invitación para que la iglesia efectúe una alianza con las empresas mineras y contribuya a que la industria minera cause una mejor impresión.

La red Iglesias y Minería repudió la estrategia de cooptación mediante el financiamiento y ayuda a “los seminarios teológicos de diversas partes del mundo para equipar mejor a los pastores y líderes de la iglesia para servir a las comunidades afectadas por los proyectos mineros”.

Mediante una carta abierta afirma que el deber de las empresas “es obtener el consentimiento previo de las comunidades antes de instalar un emprendimiento, garantizar condiciones adecuadas para su licenciamiento, evitar daños sociales y ambientales, pagar impuestos al Estado para sus políticas sociales y multas por cada violación provocada.”

Agrega que “es haciendo esto, y no sugiriendo otro tipo de financiamiento o alianza, que obtendrán nuestro reconocimiento como actores responsables.”

Declara que “los agentes pastorales no necesitan de la formación de las mineras para ejercer con competencia la mediación” en los procesos de diálogo.

Agrega que la iniciativa minera busca utilizarla a la Iglesia en beneficio de sus intereses y debilitar su papel de “abogada de la justicia y defensora de los pobres”, ésta última una cita del Papa Francisco en su discurso a las comunidades de Río de Janeiro, en julio de 2013.

No se pierda la carta abierta a continuación:

La Iglesia no se deja comprar

Carta abierta de Iglesias y Minería sobre la seducción de las empresas mineras

Iglesias y Minería es una red latinoamericana de comunidades cristianas, religiosas y religiosos que, con el apoyo de diversos obispos, de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), del departamento de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) y del Consejo Latino Americano de Iglesias (CLAI), se articula desde hace dos años para hacer frente a los impactos de la minería.

Conocemos de cerca el sufrimiento de muchas comunidades y pueblos tradicionales, así como las violaciones a los derechos ambientales y de las futuras generaciones provocadas por los grandes emprendimientos mineros en expansión en nuestro continente. Trátase de operaciones empresariales contra derechos en violación de la Convención Americana de Derechos Humanos y de los principios de la ONU sobre empresas multinacionales y derechos humanos.

Varios obispos y algunas conferencias episcopales en muchas ocasiones se han pronunciado para apoyar a las comunidades afectadas y han denunciado los conflictos provocados por las compañías mineras, muchas veces con el aval de los Estados nacionales.

La actuación pastoral de las iglesias, al lado de las comunidades y con sus posicionamientos oficiales, ha sido eficaz para demostrar la contradicción del modelo económico extractivista y sus daños a la vida humana y al Planeta. De la misma forma, han contribuido para fortalecer a los pueblos en sus luchas y resistencias, así como en la construcción de alternativas.

Las más grandes multinacionales de la minería están intentando organizar estrategias que se opongan a esta actuación y a las denuncias. Incluso aumentando su presencia en los territorios y junto a las comunidades, las empresas no han conseguido seducir a los líderes y a los habitantes más conscientes, organizados en muchos casos en torno a las comunidades cristianas.

Hubo entonces una aproximación institucional: los altos ejecutivos y los mayores accionistas de varias compañías mineras solicitaron una jornada de “retiro” en el Vaticano (en octubre de 2013) y un día de reflexión en Canterbury, para acercarse a la Iglesia Anglicana (en octubre de 2014). También en estos casos, a pesar de encontrar escucha y apertura al diálogo, no consiguieron cooptar a las iglesias y lograr que bendijeran sus operaciones, puesto que las mineras pretenden evidentemente satisfacer intereses económico – financieros y, en la mayor parte de los casos, sus declaraciones formales no corresponden a una práctica efectiva de escucha y respeto a las comunidades en los territorios.

La tercera iniciativa seductora fue lanzada recientemente. Queremos que sea conocida, junto con nuestro más profundo repudio.

Denominada “minería en alianza (Anexamos el documento con la propuesta completa, que fue recibida por algunas de nuestras congregaciones religiosas en marzo de 2015.)”, se propone “ayudar a los seminarios teológicos de diversas partes del mundo para equipar mejor a los pastores y líderes de la iglesia para servir a las comunidades afectadas por los proyectos mineros”. Ejemplifica los beneficios que esta iniciativa traerá tanto a las empresas como a las iglesias. Propone que las iglesias “piensen teológica, ética y litúrgicamente sobre la minería, a nivel local e internacional”.

Sobre esta iniciativa, queremos expresar nuestra posición:

• Repudiamos la invitación para que la iglesia realice una alianza con las empresas mineras. Releyendo el documento redactado con ocasión del “retiro” en el Vaticano, queda aún más claro lo que las empresas entienden por esta alianza: Ellas se preguntan “¿Cómo es que la industria minera puede causar una mejor impresión?” y un empresario declara que su expectativa es que “un líder de opinión de la estatura de la Iglesia Católica (…) ayude a informar a la población a nivel global acerca de los progresos significativos hechos en el sector de la minería”.

• No es papel de las iglesias convencer a sus fieles sobre la bondad de un emprendimiento. También es absurdo pensar que simplemente quepa a la iglesia “servir a las comunidades afectadas por los proyectos mineros”. La iglesia (cf.GS1) asume los dramas, las esperanzas y las reivindicaciones de los más pobres y de las víctimas de una economía que tiende a descartar cada vez más personas (EG53) y que está comprometiendo definitivamente el equilibrio de la Creación. El deber de las empresas, sometidas al control del Estado, es obtener el consentimiento previo de las comunidades antes de instalar un emprendimiento, garantizar condiciones adecuadas para su licenciamiento, evitar daños sociales y ambientales, pagar impuestos al Estado para sus políticas sociales y multas por cada violación provocada. Y es haciendo esto, y no sugiriendo otro tipo de financiamiento o alianza, que obtendrán nuestro reconocimiento como actores responsables.

• Reconocemos la importancia del diálogo entre las comunidades cristianas y las empresas mineras. Estamos buscando cotidianamente ese diálogo (muchas veces en vano) en los más diversos contextos locales de conflicto, donde las comunidades denuncian violaciones concretas y presentan reivindicaciones específicas. Es allí que debe comenzar el diálogo; allí se mide la real disposición de las empresas con las comunidades. Los agentes pastorales no necesitan de la formación de las mineras para ejercer con competencia la mediación de este diálogo.

• Financiar iniciativas en conjunto con los seminarios teológicos nos parece una estrategia para cooptar a la iglesia, utilizarla en beneficio de los intereses de las mineras y dividirla, debilitando su papel de “abogada de la justicia y defensora de los pobres” (Papa Francisco: Discurso a las comunidades de Río de Janeiro en julio de 2013. Las empresas, en lugar de destinar dinero para reparar todos los daños denunciados por las comunidades, invierte en proyectos de propaganda o en actividades que apuntan a apoyar económicamente a los líderes de los movimientos sociales, sindicatos o pastorales, con el evidente objetivo de reducir la crítica no a través del cambio, pero sí por la cooptación de quien la levantó.

Invitamos, entonces, al Pontificio Consejo de Justicia y Paz, a las Conferencias Episcopales, a las iglesias hermanas reformadas, a los/as teólogos/as, a las organizaciones cristianas empeñadas en la defensa de las comunidades afectadas por las violaciones a los derechos socioambientales y a las personas de buena voluntad, a manifestar con nosotros su repudio por otra iniciativa de cooptación de las grandes compañías mineras. Continuaremos humilde y persistentemente nuestro acompañamiento a las comunidades: es en ellas y por ellas, cada vez más conscientes, protagonistas y enraizadas en la defensa de sus territorios, que se viene construyendo el Reino de Dios.

Iglesias y Minería, abril de 2015.

• Ação Franciscana de Ecologia e Solidariedade – AFES -
• Agenda Latinoamericana Mundial
• Amerindia Colombia y Continental
• Associação Ecumênica de Teólogos/as do Terceiro Mundo – ASETT -
• Associação Madre Cabrini, Irmãs Missionárias do Sagrado Coração de Jesus – Brasil
• Asociación Menonita para Justicia, Paz y Acción Noviolenta -JUSTAPAZ-
• Caritas de El Salvador, El Salvador
• Caritas Jaén, Perú
• Centro de Ecología y Pueblos Andinos -CEPA- Oruro Bolivia
• Centro de Justicia y Equidad -CEJUE- Puno, Perú
• Centro Franciscano de Defesa dos Direitos, Brasil
• Claretianos San José del Sur, Uruguay, Paraguay y Chile
• Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación, Chile.
• Consejo Latinoamericano de Iglesias – CLAI-
• Consejo Mundial de Iglesias, Justicia Climática -CMI-
• Conselho Indigenista Missionário -Brasil-
• Coordinación Continental de Comunidades Eclesiales de Base
• Comissão Verbita, JUPIC- Amazonía.
• Comitê em Defesa dos Territórios frente à Mineração, Brasil.
• Comunidades Construyendo Paz en los Territorios – Fe y Política -Conpaz- Colombia.
• Comisión Intereclesial Justicia y Paz -Colombia-
• Comissão Pastoral da Terra -CPT- Brasil.
• Comunidades de Vida Cristiana -CVX-
• Comunidades Eclesiales de Base, Colectivo Sumaj Kausay, Cajamarca, Argentina.
• Coordinación Continental de Comunidades Eclesiales de Base.
• Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Perú.
• CPT Diocese de Óbidos, Pará, Brasil.
• Derechos Humanos Sin Fronteras, Perú.
• Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno -DEHUMA-, Perú
• Diálogo Intereclesial por la Paz en Colombia, DIPAZ, Colombia
• Diocesis de Copiapó- Alto del Carmen – Chile
• Diocese de Itabira- Fabriciano Minas Gerais, Brasil
• Dirección Diocesana Cáritas de Choluteca, Honduras
• Equipe de Articulação e Assessoria as Comunidades Negras do Vale do Ribeira, EAACONE, Brasil.
• Equipo Investigación Ecoteología, Universidad Javeriana, Bogotá.
• Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, ENDEPA, Argentina.
• Franciscans International.
• Hermanas de la Misericordia de las Américas, Argentina.
• Iglesia Evangélica Presbiteriana de Chigüinto, Chile.
• Irmãos da Misericórdia das Américas Juventude Franciscana do Brasil – JUFRA-
• Justiça, Paz e Integridade da Criação Verbitas – JUPIC SVD – Província BRN
• Mercy International Association at the UN
• Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá D.C. – MESETI -
• Misioneros Claretianos Centro América y San José del Sur, Argentina
• Misioneros Combonianos, Brasil e Ecuador
• Movimento dos Atingidos por Barragens no Vale do Ribeira -MOAB- Brasil.
• Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina -OCMAL-
• Oficina de JPIC OFM, Roma.
• Oficina de JPIC Sociedad Misionera San Columbano, Chile
• Orden Franciscana Seglar, Uruguay
• Organización de Familias de Pasta de Conchos, México
• Pastoral de Cuidado de la Infancia, Bolivia
• Pastoral Indígena, Ecuador
• Pastoral Indigenista de Roraima -Brasil-
• Pastoral Social Cáritas Oruro, Bolivia
• Pastoral Social Diócesis de Duitama Sogamoso, Boyacá, Colombia
• Pastoral Social Diócesis de Pasto, Nariño, Colombia
• Radio el Progreso Yoro-ERIC- Honduras
• Red de Educación Popular de América Latina y el Caribe de las Religiosas del Sagrado Corazón
• Rede de Solidariedade Missionárias Servas do Espírito Santo, Brasil
• Red Muqui, Perú
• Red Regional Agua Desarrollo y Democracia, Piura, Perú
• Secretariado Diocesano de Pastoral Social, Garzón Huila, Colombia
• Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad Oscar Romero -Sicsal-
• Servicio Interfranciscano de Justicia, Paz y Ecología -SINFRAJUPE-, Brasil.
• Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina, Oscar Romero, -SICSAL-
• Servicios Koinonia
• Vicaría de la Solidaridad, Oficina de Derechos Humanos, Jaén, Perú.
• Vicariato Apostólico San Francisco Javier, Jaén, Perú.
• Vivat International.

Comisión Política ADRI

secretaria 

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"ESPERAMOS UNA TIERRA NUEVA DONDE HABITARÁ LA JUSTICIA"

(La Lucha por la Tierra en la Biblia, José Luis Caravias)

Rosemary son

Comisión Pastoral de la Tierra Nacional

Conferencia Episcopal de Guatemala

+ (502) 2503-6500, Ext. 238

+ (502) 42828073

Guatemala: Comunicado criminalización de los lideres indígenas y sociales